Clientelismo y corrupción

Ayuntamientos y democracia

Los ayuntamientos deberían ser la esencia de la democracia. Pero el sistema los está convirtiendo en uno de los mayores focos de corrupción y clientelismo. A pesar de ello algunos ayuntamientos están logrando llevar la democracia lo más cerca posible de los ciudadanos con medidas a favor de los más desfavorecidos, con planes de solidaridad, ayuda y atención de mayores y jóvenes (comedores escolares todo el año; distribución de alimentos; programas sociales para cubrir necesidades básicas como la luz y el agua, etc.). O haciendo frente de los depredadores más poderosos (contra los desahucios, la actuación de bancos, multinacionales y especuladores, o las industrias más contaminantes).

Sin embargo, no todo el monte es tan florido, y al lado de estas corporaciones ejemplares se esconde la sombra de una corrupción que durante décadas están protagonizando otras muchas corporaciones. Pasan los años y comprobamos como algunos gobiernos municipales se reproducen como los hongos año tras año. O lo que es lo mismo, un determinado partido gana unas elecciones y en lo sucesivo hay que sudar la camiseta para desbancarlo. Sucedía y sucede en Andalucía, en Extremadura, Cataluña, Castillas, … y también en Asturias. Vamos a analizar la metodología.

Reforma administrativa

El mapa administrativo español es uno de los mayores disparates actuales, que perdura desde el inicio del reinado de Isabel II, al cabo de diez años del trienio liberal del siglo XIX, más conocida como Época Ominosa. Salvo pequeñas modificaciones, es como se conoce en la actualidad y era prácticamente el mismo proyecto de 1822 en pleno Trienio Liberal, sin las provincias de Cartagena, Calatayud, Vierzo y Játiva.

Y así estamos en el momento actual, casi doscientos años después. Con una división administrativa de la época de Isabel II.

Según datos del INE, en España, en el 2015 había en España un total de 8.117 municipios que acogían 47.129.783 habitantes empadronados (23.196.386 hombres y 23.933.397 mujeres). Correspondían a una media de 5.806 habitantes por municipio.

Del total de los 8.117 municipios, 1.193 son de menos de 101 habitantes, o lo que es lo mismo, poco más que los habitantes de una casa de cualquier barrio; y con menos de 500 habitantes la cantidad de municipios asciende a 3.863. No hace falta ser muy perspicaz, ni tener sólidos conocimientos estadísticos, para comprobar que una administración del Estado en pleno siglo XXI, con los medios de comunicación actuales, que contenga tal dispersión, no es rentable y es absolutamente obsoleta.

En Asturias las cifras son las siguientes: de un total de 78 municipios con 1.068.165 habitantes (511.346 hombres y 556.819 mujeres) tienen una media de habitantes por concejo de 13.694 habitantes, que es más del doble de la media nacional. De los 78 concejos asturianos hay 7 menores de 500 habitantes y ninguno de menos de 101 habitantes. Sin embargo, la dispersión es tal que en 31 concejos de más de 5.000 habitantes –la mayoría en el área central- se concentran 977.932 habitantes.

Si tenemos en cuenta que los servicios que los ayuntamientos prestan a los ciudadanos (limpieza, mantenimiento de vías públicas, aguas y saneamiento, atención a los mayores, licencias, un poco de cultura [queremos decir de folixa], asesores [¿?] …) requieren de infraestructuras y medios potentes, se concluirá que la dispersión perjudica la economía de los ciudadanos, aunque pueda beneficiar la de algunos.

Entonces ¿por qué no se quiere cambiar la situación? ¿Por qué a los partidos de más edad en la fiesta de la democracia no les interesa modificar la Administración del Estado, al menos en lo referente a la administración municipal? La respuesta es clara y diáfana: porque ahí tienen el vivero de su pesebre. Con el pago de los impuestos ciudadanos estamos sufragando cientos y miles de funcionarios nombrados a dedo que garantizan los electores de esos partidos, a través del clientelismo de los ayuntamientos.

Recientemente se han publicado los sueldos de alcaldes de los ayuntamientos asturianos, y lo que informan es para empezar a poner distancia. El despilfarro a costa de los tributos de los menos pudientes es manifiesto y el hartazgo de los ciudadanos sobre lo que cobran y gastan los políticos, no espera más. Recordemos que los sueldos de las corporaciones (alcaldes, concejales y liberados) las aprueban las mismas corporaciones con un tope legal máximo que en muchos casos lo suelen alcanzar, y los impuestos sobre la vivienda los deciden también las corporaciones, si bien tienen un tope en porcentaje sobre el valor catastral. Los municipios grandes son los que mayores emolumentos tienen, pero hay algunos pequeños que no le van a la zaga. Todo ello a pesar que la Federación Asturiana de Concejos (FACC), lugar donde se junta todo el pesebre, desea mantener los sueldos para políticos y altos cargos.

Una simple circular de noviembre de 1833, y Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, el secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, ideó un Estado centralizado, dividido en 49 provincias y 15 regiones. Las provincias recibieron el nombre de sus capitales (excepto cuatro de ellas, que conservaron sus antiguas denominaciones: Navarra, con capital en Pamplona, Álava con Vitoria, Guipúzcoa con San Sebastián y Vizcaya con Bilbao).

Para ver el artículo completo con tablas y datos en un PDF ir al siguiente enlace: Clientelismo y corrupción-artículo completo

JM Álvarez-Pravia

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