Categoría: Asturias

El cúmulo de disparates, incongruencias e incompetencias de que hacen gala y honor los diferentes representantes de los últimos gobiernos de la autonomía asturiana, son para inscribir en el record Guiness. Una ex Consejera de Educación y Cultura se manifiesta contra una resolución que ella misma promovió, sobre el incremento de horas lectivas para el profesorado; un ex presidente del Gobierno de la Autonomía, dice ahora que después de las Consejerías de Jesús Arango y la de Menéndez de Luarca, no se ha hecho por el campo asturiano; un Consejero actual defendía, no ha mucho, que habría que modificar la ley electoral para hacerla más mayoritaria, con el fin de que hubiera Gobiernos “fuertes”; ese mismo consejero quiere encabezar ahora la ordenación de un área central asturiana.

En fin, que son muchas las razones que tenemos para reproducir este trabajo del profesor de Geografía en la Universidad de Oviedo, Manuel Maurín, para que no tengamos que reproducir más desatinos.

Habrá que ordenar Asturias.

La ordenación del área central: cúmulo de incongruencias. En La Nueva España, 23-01-2018

El desorden en el centro de Asturias, fruto de la dejación de competencias

La ordenación del área central: cúmulo de incongruencias

El área central de Asturias presenta el mayor grado de diseminación urbanística de España, registra la mayor densidad de grandes superficies comerciales, es la zona en la que más se usa el automóvil particular para los desplazamientos habituales y tiene la atmósfera más contaminada del país.

Este espacio central se configura como un amasijo periurbano producido por la confluencia de acciones descentralizadoras con origen simultáneo en varias ciudades, superpuesta a heterogéneas e inconexas iniciativas de implantación dispersa; y todo ello en presencia de una deficiente articulación y control público de dichos procesos, lo que ha generado un creciente caos territorial con graves consecuencias, económicas, sociales y ambientales.

Aunque los factores que explican este desorden son diversos y complejos, es innegable que existe una responsabilidad atribuible, en primer lugar, a la propia administración regional, que ha hecho dejación de sus competencias en materia de ordenación, ha permitido actuaciones públicas y privadas con un impacto territorial intolerable y ha protagonizado no pocas de ellas.

Que el principal instrumento de control territorial, las Directrices Regionales de Ordenación Territorial (DROT), no se haya renovado desde su aprobación en 1991, cuando hace lustros que se reconoce su obsolescencia e incapacidad rectora, es una muestra palmaria de dicha responsabilidad. Mantener unas Directrices que se fundamentan en delimitaciones territoriales tan incoherentes como la que incluye en una misma comarca funcional a Oviedo y Siero junto con Belmonte o Somiedo, aprobar unas Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial en 2010, después de que se hubiese permitido la construcción de media docena de grandes superficies fuera de los espacios urbanos, o realizar una Evaluación de Impacto Estructural para determinar la viabilidad de la construcción del Funicular de Bulnes con posterioridad a su inauguración, son solo unos pocos ejemplos del desastre territorial al que la propia Administración ha abocado al área central y al conjunto de la región.

También llama la atención que, habiéndose elaborado un nuevo proyecto de Directrices en 2006, que nunca se llegaron a aprobar, no se disponga de ninguna explicación oficial, ni en los nuevos documentos se haga mención a las causas por las que se abortó aquel proceso y se ha demorado en diez años el reinicio de una actualización que ya por entonces los técnicos consideraban muy urgente.

En ausencia de dicha explicación por parte del gobierno regional y observando que, durante años, tampoco ha habido exigencia alguna por parte de la principal fuerza política de la oposición, podría pensarse en la existencia de un acuerdo tácito entre las principales fuerzas políticas que han venido ejerciendo el poder en el plano autonómico y en los municipios más grandes del área central (especialmente Oviedo y Gijón) para no interferir en sus respectivos ámbitos de dominio, respetando el statu quo, manteniendo el equilibrio de fuerzas y tolerando los desmanes urbanísticos de los que unos y otros son responsables por igual.

En esta perspectiva se explicaría la prisa repentina para configurar un impreciso ente metropolitano y las atípicas negociaciones de los últimos días entre representantes de diversas instituciones y partidos, como una estrategia de adaptación al nuevo mapa político municipal en el que el bipartidismo tradicional ha perdido una supremacía que recuperaría parcialmente desde un nueva figura con representación desequilibrada a favor de la administración autonómica y con la interposición de otros organismos aún controlables como la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (CUOTA, Sogepsa o la FACC (Federación Asturiana de Concejos) ¿Cómo explicar de otra manera el cúmulo de incongruencias en el que se viene desenvolviendo el proceso de reformulación de las Directrices desde hace un año?

Incongruencias procedimentales que llevan a plantear primero unas Directrices Subregionales de Ordenación del área central (DAC) antes que las Directrices Regionales (DROT) de las que deben emanar y depender jerárquicamente según la legislación vigente y a la lógica de la planificación en cascada.

Incongruencias estructurales que omiten toda referencia a los necesarios instrumentos de tipo preventivo (Evaluación de Impacto Estructural o Territorial), normativo (específicamente las normas de aplicación directa e indirecta) o de programación (Programas de Actuación), sin todos los cuales las propuestas se quedarían en papel mojado.

Incongruencias metodológicas, cuando el diagnóstico y la normativa ocupan en los documentos de Avance solo un 20% frente al 80% del análisis, cuando apenas se esboza el modelo territorial y no se jerarquizan o priorizan las líneas estratégicas.

Incongruencias de contenido que, entre páginas y páginas de información poco relevante, llegan a omitir cualquier referencia a temas tan cruciales como el patrimonio minero-industrial (cuando ha sido la historia minero-industrial la que ha dado vida originalmente al área central) o pasan de puntillas sobre el modelo energético o el tratamiento del paisaje, entre otras cuestiones de especial trascendencia.

En fin, incongruencias de delimitación, cuando se señala un área central que se extiende desde el Cabo de Peñas al Puerto de Pajares y desde Ceceda (Nava) hasta Tolinas (Grado) y en la que se incluyen espacios con condiciones y necesidades de ordenación completamente dispares.

Si verdaderamente se quiere afrontar una planificación supramunicipal en el área central, con bases sólidas, duraderas, y trascendiendo de las variables coyunturas políticas, el proceso se debería iniciar, como se hace en otras comunidades autónomas, mediante un acto legislativo que enmarcase y dirigiese el despliegue ordenado de los instrumentos de planificación, desde los más generales a los más específicos; debería delimitarse un marco espacial ceñido estrictamente al área metropolitana real, establecerse un órgano director en el que la capacidad decisoria recayese en los concejos involucrados, de manera voluntaria, equilibrada y ponderada, y donde el propio diagnóstico, el modelo territorial, las líneas estratégicas y las actuaciones más relevantes fuesen priorizados y elaborados desde un principio, con la ayuda técnica necesaria y la mayor participación ciudadana. La administración autonómica tendría un papel muy relevante, en función de las competencias que le vienen asignadas legalmente, pero no debería entrar como un elefante en una cacharrería, desordenando el procedimiento y abriendo frentes y heridas antes si quiera de comenzar el proceso.